POR LUIS CARVAJALEl conflicto en torno a la concesión minera, el permiso de explotación y la Licencia Ambiental en la región kárstica de Los Haitises revela una de las líneas estratégicas de los grupos hegemónicos en la RD: el uso de la reapropiación y redistribución del territorio, en función de su valor inmobiliario, para consolidar las viejas oligarquías y posicionar los nuevos grupos de poder desarrollando vínculos y dependencias mutuas con los actores políticos que viabilizan estos procesos.
Bahía Luperón, Bahía de Las Águilas, el promontorio de Cabrera, Puerto Plata, Miches, toda la franja costera desde Cabo Caucedo hasta la Romana, el entorno de Bayahibe y de Boca de Yuma así como todas las zonas turísticas de Higuey, Baní y Barahona están cubiertas con concesiones mineras, que suman más de 15 millones de tareas.
La clave para entender esta decisión que parece absurda, irracional y contradictoria está en los artículos 56, 67, 68 y 78 de la Ley Minera de la República Dominicana No. 146-71, que permite la expropiación (para la apropiación) de los terrenos concesionados. Se trata, por lo tanto, de garantizar a través de las concesiones la apropiación privada de terrenos públicos y privados de altísimo valor actual o potencial, a precios insignificantes.
Mientras en unos casos se multiplican las riquezas de los grupos de poder emergentes y se favorece a la vez a las tradicionales familias de la oligarquía local, en otros, se crea una presión que obliga a inclinar la cerviz o a entrar en complicidades necesarias a los fines del control político y económico bajo la mediación y el control de la burocracia del Estado.
Bajo amenazas o bajo seducción, por voluntad propia o por inducción se busca la compactación de sectores económicos activos que por intereses propios pudiesen en algún momento presionar a favor de reglas de juego distintas.
Se pretende también mantener a la cúpula de los partidos tradicionales y sus aliados muy cerca y por debajo de la piñata en que han convertido el territorio.
Atentos, esperando nerviosos y con gula la voz del dueño de la fiesta porque suponen que en cualquier momento gritará a todo pulmón:
¡Coca, mandó la Ley!!!!!
Bahía Luperón, Bahía de Las Águilas, el promontorio de Cabrera, Puerto Plata, Miches, toda la franja costera desde Cabo Caucedo hasta la Romana, el entorno de Bayahibe y de Boca de Yuma así como todas las zonas turísticas de Higuey, Baní y Barahona están cubiertas con concesiones mineras, que suman más de 15 millones de tareas.
La clave para entender esta decisión que parece absurda, irracional y contradictoria está en los artículos 56, 67, 68 y 78 de la Ley Minera de la República Dominicana No. 146-71, que permite la expropiación (para la apropiación) de los terrenos concesionados. Se trata, por lo tanto, de garantizar a través de las concesiones la apropiación privada de terrenos públicos y privados de altísimo valor actual o potencial, a precios insignificantes.
Mientras en unos casos se multiplican las riquezas de los grupos de poder emergentes y se favorece a la vez a las tradicionales familias de la oligarquía local, en otros, se crea una presión que obliga a inclinar la cerviz o a entrar en complicidades necesarias a los fines del control político y económico bajo la mediación y el control de la burocracia del Estado.
Bajo amenazas o bajo seducción, por voluntad propia o por inducción se busca la compactación de sectores económicos activos que por intereses propios pudiesen en algún momento presionar a favor de reglas de juego distintas.
Se pretende también mantener a la cúpula de los partidos tradicionales y sus aliados muy cerca y por debajo de la piñata en que han convertido el territorio.
Atentos, esperando nerviosos y con gula la voz del dueño de la fiesta porque suponen que en cualquier momento gritará a todo pulmón:
¡Coca, mandó la Ley!!!!!
Informacion: Al Momento.Net
No hay comentarios:
Publicar un comentario